El derecho al agua debe ser consagrado en la Constitución Chilena

Más de la mitad de los integrantes de la Convención Constituyente elegida en Chile el pasado fin de semana, expresaron su compromiso de consagrar el agua como un Derecho Constitucional. Esto se calificó como una señal potente de la ciudadanía por Matías Asún, director de Greenpeace Chile, organización que impulsó una campaña en favor de refrendar en la nueva carta magna la defensa de ese recurso vital como un bien público.

Asún mencionó que el apoyo de los constituyentes es el resultado de la activa participación ciudadana y de la visibilización de los problemas socioambientales existentes en Chile, como es el caso del agua, que muestra las injusticias que muchas personas padecen actualmente.

Llamó «a quienes estarán encargados de redactar la nueva Constitución para que realicen un trabajo continuo acorde a las demandas ambientales que los ciudadanos han traspasado, y que además el proceso sea de forma transparente y unido con lo que las personas hoy exigen».

Los resultados de la campaña Suelta el Agua, impulsada por la ONG ambientalista constata que, de los 155 constituyentes electos, 81 se comprometieron para que la nueva Constitución se encargue de garantizar el agua como un derecho para las personas y los ecosistemas. Esta campaña lanzada el 20 de marzo pasado recaudó en sólo 40 días 129 mil firmas en la petición por el agua.

Asumiendo esto, desde que Greenpeace advirtió que si los resultados de la votación son esperanzadores para la agenda ambiental, el compromiso adquirido en las candidaturas debe cumplirse y «estaremos supervisando que quienes se comprometieron trabajen de forma consistente» en esa dirección.

La Constitución actual de Chile impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en el año 1980 es quizás la única en el mundo que consagra la propiedad privada sobre el agua, en un país donde la escasez de este recurso es uno de los problemas medioambientales más serios.

La profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resilencia, Nancy Yañez, sostuvo una sesión celebrada el 11 de diciembre del año 2014 que la legislación vigente reconoce al agua como un bien nacional de uso público, dentro de los términos que prescribe el artículo 595 del Código Civil y el artículo 5° del Código de Aguas.

Con todo lo dicho anteriormente, afirmó la noción (que la excluye del comercio humano, en virtud de la teoría de la dominialidad de los recursos) se torna inaplicable a raíz del contenido del inciso final del numeral 24 del artículo 19° de la Constitución Política de la República, que permite su privatización mediante la propiedad que se ejerce sobre el derecho de aprovechamiento de aguas.

El profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional y Doctor en Derecho, Sr. Gonzalo Aguilar Cavallo, indicó que la primera reacción sería decir que el país está cumpliendo con las exigencias del derecho humano al agua y saneamiento y respecto a los derechos ya constituidos, dijo que las aguas podrían declararse de utilidad pública y tendría cabida la figura de la expropiación por causa justificada.