La reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone un antes y un después para España en materia ecológica, esto como consecuencia del surgimiento de nuevas normativas que rompen con los esquemas tradicionales, los cuales repercuten desfavorablemente en el medioambiente.

Ninguna autorización para hidrocarburos y minería de uranio

Las autorizaciones para la exploración, la permisología para estudios y las típicas concesiones de explotación para hidrocarburos quedaron restringidas para España. Es un panorama que se extiende no solamente al mar territorial, sino que también incluyen a la plataforma continental y a la zona económica que es exclusiva. De igual manera, a futuro habrá restricciones a la minería de uranio, puesto que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha delineado nuevas normas.

Es un escenario que repercutirá en las distintas solicitudes que no se lleven a cabo antes del próximo sábado, esto según lo establecido por la nueva ley. Cabe mencionar, que las extensiones concernientes a los proyectos que se llevan a cabo en la actualidad, están desadaptadas de la novedosa normativa.

¿Qué se pretende obtener con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética?

Lo que se desea lograr con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, es que para el 2050 España pueda llegar al objetivo de neutralidad de emisiones. Básicamente, se pretende que la valoración de gases de efecto invernadero llegue a 0.

En la normativa se desprenden los ‘objetivos mínimos’ de España, esto con respecto a la disminución de emisiones de gas efecto invernadero (GEI) para el año 2030, teniendo un tope máximo de neutralidad en 2050. Sin embargo, las metas planteadas para 2021 deben ser analizadas con firmeza, ya que se pretende obtener una mejor valoración de cara al 2023.

Cuantificación de las cifras: Los porcentajes que se desean en 2030

Con todo lo anterior, se espera que las emisiones de GEI para 2030 estén reducidas en un 23 %, esto en relación a las que existían en 1990. También, se quiere que las energías de origen renovable tengan un mayor alcance sobre el consumo final de energía, por lo que la cifra abordaría el 42 %.

En lo que respecta al sistema eléctrico, se estima generar un 74 % de energías renovables; así mismo, es fundamental maximizar la eficiencia energética, esto gracias a la reducción en el consumo de energía primaria en un 39.5 %.

Beneficios fiscales a los productos energéticos

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es muy clara en el plano energético, ya que el texto señala la importancia de fomentar ventajas fiscales a todo tipo de productos energéticos, específicamente a los de naturaleza fósil.

Neutralidad climática en 2050

Gracias a la nueva ley, España se encuentra completamente comprometida con un proyecto integral, cuya esencia se sustenta en el Acuerdo del Clima de París. Por su parte, la Unión Europea ha sentado las bases para que exista una reducción en las emisiones de GEI para 2030, la cual suponga una disminución del 55 % de los niveles acontecidos en  1990.

En general, la meta central es obtener la neutralidad climática para 2050.

Parque de turismos y coches comerciales

La movilidad es otro de los grandes temas que acaparan la atención de la ley en España, puesto que uno de los grandes anhelos es tener constituido un parque de turismos y coches comerciales para 2050, el cual no contenga emisiones directas de CO2. Para lograr este propósito, en 2040 quedará prohibida la comercialización de vehículos que sean a base de diésel, gasolina o híbridos.

Las ciudades en 2023 se verán en la obligación de tener lugares con bajas emisiones de CO2, primordialmente en aquellos municipios que tengan más de 50 000 habitantes. Por otro lado, los municipios con más de 20 000 personas en su territorio pueden incluirse en la norma, esto siempre y cuando experimenten dificultades con el aire.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética no solo afectará al ámbito de los hidrocarburos y la minería de uranio, sino que al mismo tiempo muchos otros procesos quedarán erradicados o regulados por su implicación negativa al medioambiente. En este sentido, la apuesta de España es sumamente relevante para sus ciudadanos, quienes ya deben ir adaptándose a las nuevas disposiciones legales en materia ecológica.