Calle de Madrid Central

Debido a una orden judicial, una de las zonas ecológicas más importantes de toda Europa, como lo es Madrid Central, podría dejar de funcionar este año. El sitio que opera bajo el parámetro de “bajas emisiones” se halla al borde de la paralización, pues el proyecto ha sido sentenciado debido a las presiones de algunos partidos políticos españoles. La consecuencia a largo plazo sería el incumplimiento del pacto ecológico europeo, dejando a España a merced de cuantiosas multas por incumplimiento de objetivos ambientales. 

Este sitio, que fue inaugurado en el mes de noviembre de 2018, ha recibido una orden que anula su funcionamiento. Aunque el tribunal no discute las medidas de prevención ecológica que el área fomenta, sí ha señalado un fallo técnico en la tramitación de donde se sustenta dicho espacio. A pesar de que hace poco más de un mes, otra sentencia habría exaltado el valor de Madrid Central para la salud de los habitantes de la ciudad, esta orden opuesta amenaza con acabar con el proyecto. 

Las sentencias y la participación ciudadana 

Grupos ecologistas protestan por la preservación del proyecto

Lo que señalan las sentencias es que durante la creación del sistema no existió un proceso en donde se le informara a la ciudadanía sobre los objetivos que tendría el lugar. Se trata de trámites necesarios para cumplir con al normativa de la municipalidad, sin embargo, grupos ambientalistas como Greenpeace indican que “Existieron mesas de diálogo en los que los colectivos afectados participaron para trabajar en la Ordenanza de Movilidad”.

La mayoría de los grupos pro-ambientalistas insisten en que se trata de “Intentos de sabotaje” para boicotear el proyecto. También señalan que “el derecho a la salud pública es un derecho constitucional”, tomando en cuenta que Madrid Central fue promovido como una herramienta para mejorar las condiciones del aire urbano y reducir las emisiones tóxicas.

Con esta sentencia del ayuntamiento llega a su fin una de las alternativas ambientales que trabajaba en pro de los estándares ecológicos que España espera conseguir para el año 2030. Si dichos objetivos no son logrados, costosas multas podrían caer sobre la nación debido a las altas cifras de contaminación del país. 

Fuente:

Nuevatribuna, Ecoticias.