Con el fin de investigar de manera eficiente los ecocidios, incendios forestales y demás delitos que afectan al medio ambiente, el Gobierno de Madrid ha alcanzado un convenio junto a la Fiscalía General del Estado para la creación de una Unidad Adscrita de Agentes Forestales.

Para ello, el organismo destinará parte de su personal al servicio de la Comunidad de Madrid con el fin de reforzar las acciones penales frente a quienes atenten contra los espacios naturales.

Desde la administración pública han advertido que cerca de cien procesos penales se desarrollan por año en lo que respecta a este tipo de delitos.

Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha destacado el rol primordial que desempeñan estos funcionarios:

«Su labor es fundamental, gracias a ellos se vela por el necesario equilibrio entre el derecho al disfrute del medio natural y su adecuada protección».

«A través de este convenio, la Fiscalía General del Estado y la Comunidad de Madrid se prestarán colaboración con el objetivo de dilucidar las causas y responsables».

Con estas incorporaciones será posible coordinar acciones entre los efectivos en el área forestal, tanto de Madrid como de otras comunidades, y la Fiscalía en procura de una mayor efectividad en la prevención y en la investigación de los casos que lo requieran para actuar legalmente.

Trabajos junto a la Fiscalía y los agentes forestales

El convenio permitirá reforzar aun más las labores de los agentes forestales, quienes están debidamente preparados y formados técnicamente para la inspección, recolección de evidencias y protocolos legales a seguir.

Además, contarán con las herramientas necesarias para sofocar las llamas, cámaras de fototrampeo y recursos como la unidad canina para la detección de envenenamiento.

Asimismo, son considerados como autoridades e incluso como policía judicial y administrativa para el seguimiento de los bienes medioambientales.

Junto a ellos actúan también los jueces, fiscales así como otros efectivos de seguridad de ser necesaria su participación.

Una vez que se presente la infracción administrativa, los departamentos con facultad para sancionar del Gobierno madrileño reciben las denuncias pertinentes, que a su vez son remitidas al Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. En caso de ser penal, el ente encargado es la Fiscalía.