En la actualidad, la Comisión Europea solicitó a España que “… velen por que su legislación nacional permita a todas las categorías de personas físicas y jurídicas mencionadas en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental (Directiva 2004/35/CE) lleven a cabo una acción reparadora por daños medioambientales”.

Esto implica que el Gobierno español realice una adecuación a la Ley 26/2007 sobre Responsabilidad medioambiental para que un individuo físico o jurídico pueda solicitar a las autoridades competentes una acción que restaure cualquier daño ambiental producido, si dicha persona siente que:

  • Pueda verse afectada por un aquejamiento medioambiental.
  • Tenga un interés suficiente en la toma de decisiones de carácter medioambiental relativas al daño
  • Deba alegar la existencia de la vulneración de un derecho

Todo esto se encuentra estipulado en la Directiva 2004/35/CEE, y es exigido como requisito previo al abrir algún procedimiento administrativo ante un estado miembro, entendiendo que las personas podrán solicitar a la autoridad competente que actúe en virtud de la presente Directiva.

Esta directiva también deja claro que corresponderá a los estados miembros determinar lo que constituye el interés de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección de la fauna y el medio ambiente, y que cumplan los requisitos establecidos por la legislación nacional.

La Ley 26/2007 de 23 de octubre sobre Responsabilidad Medioambiental, incorpora al ordenamiento jurídico interno. La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, también ha establecido que “un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención de daños y de que quien contamina, paga”.

Esta Ley fue desarrollada por medio del Real Decreto 2090/2008, estableciendo un nuevo régimen de reparación de problemas medioambientales en la que “los operadores que ocasionen daños a los recursos naturales, deben adoptar medidas para prevenirlos, limitar o impedir mayores daños medioambientales”.

 

Además, los operadores tienen la obligación de devolver al medio ambiente los recursos naturales arrebatados al estado en el que se encontraban antes de que se generara dicha violación.

 

Los recursos naturales protegidos por esta ley son los que están definidos y establecidos en el concepto de daño medioambiental, siendo estos los que afectan a los recursos como: a las aguas, al suelo, a la ribera del mar y de los ríos. También a las especies de flora y de fauna silvestres, permanentes o temporales en España, así como a los hábitats de todas las especies silvestres autóctonas.

En definitiva, esta Ley 26/2007 busca principalmente la regulación de las responsabilidades de los diferentes operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución, y siempre basados en el principio del Derecho Ambiental de prevención y de quien contamina paga”.

Esta normativa insta a reforzar los mecanismos de prevención para evitar los accidentes que representan alguna consecuencia hacia el medio ambiente, asimismo, asegura la reparación de daños medioambientales derivados de actividades económicas, garantizando que dicha prevención y reparación sea sufragada por el operador responsable.