El Consejo de Ministros ha ratificado el acuerdo que considera la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios acordados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas en materia medioambiental, que se celebró el pasado 21 de septiembre. En total se han autorizado 19,8 millones de euros, para actuaciones que contemplen el restablecimiento de la biodiversidad.

En concreto, se distribuirán 9 millones para actuaciones en la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, 5,8 millones para mejorar la gestión de residuos y reducir su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 5 millones en la protección del espacio natural y la conservación de especies en España.

Esto representa el reparto de fondos sobre las ayudas a la implementación de la política de residuos y al Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA); las actuaciones correspondientes al PIMA Cambio climático estarán enfocadas en la dotación para las actividades financiadas por el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el reparto de fondos en áreas de influencia de los parques nacionales.

Adaptación al cambio climático

El objetivo principal del PIMA Cambio climático es promover y apoyar la adaptación del clima en el espacio urbano y periurbano, donde vive el 80 % de la población española, junto a la sinergia de las estrategias de adaptación y moderación del cambio climático a través de acciones piloto innovadoras y la formulación de proyectos e informes técnicos.

«Algunas de las medidas que se llevarán a cabo con este presupuesto tendrán como objetivo la integración del cambio climático e infraestructura verde en la planificación y gestión urbanística, la adaptación de edificios públicos para prevenir el exceso de calor y mejorar la eficiencia energética y la mejora de los hábitats dentro de estas zonas».

Asimismo, se incluye asistencia en el diseño e implementación de zonas bajas en emisiones para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, los beneficiarios serán municipios con una población entre 50 000 y 100 000 habitantes.

La división regional de fondos aprobados se basa en las previsiones climáticas en concreto, las necesidades de refrigeración de cada región, el número de ciudades y municipios con menos de 100 000 habitantes, y se ha establecido un límite máximo para cada autoridad de 1 millón de euros, con un límite mínimo de 100 000.

Acciones para definir la gestión de residuos

También se definieron acciones que permitan manejar los residuos de manera eficiente, para reducir las emisiones de gases. Entre las actuaciones, se incluyen proyectos de compostaje doméstico y comunitario para la utilización eficiente de biogás, recogida y separación de biorresiduos, e instalaciones de compostaje y de recogida de aceite de cocina usado para la producción de biodiesel.

Protección de la biodiversidad

Para la conservación de especies en situación crítica, estará dirigido a acciones de conservación de cuatro especies declaradas «en situación crítica»: el urogallo cantábrico, la cerceta pardilla, el visón europeo y la jara de Cartagena.

La adaptación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a las aves con el fin de evitar daños a la avifauna en Castilla y León, Galicia y las Islas Canarias. Estas ayudas son fundamentales para garantizar que las líneas eléctricas de alta tensión no supongan riesgo para las aves que se posen en ellas. La electrocución en tendidos eléctricos es una de las causas más frecuentes de mortalidad no natural de la avifauna. De hecho, ha llegado a convertirse en uno de los principales problemas de conservación para varias de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, como es el caso del águila imperial o el águila perdicera.

Sostenibilidad de los parques nacionales

Con el fin de promover el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los 15 Parques Nacionales que componen la Red, formada por 169 municipios en los que viven alrededor de 1,5 millones de personas.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde hace 20 años y en la que ya se han invertido 150 millones de euros desde 1999, constituye una pieza clave de la economía del medio rural, cumpliendo con uno de los principales objetivos de la Ley de Parques Nacionales: la integración de estos espacios en sus entornos socioeconómicos. 

Estas acciones en conjunto representan un avance en el cuidado y protección de las áreas naturales para regenerar la biodiversidad que es un factor primordial en la calidad de vida de todos los ciudadanos en España.