En este mundo globalizado cada día avanza más la tecnología y el uso de los recursos tecnológicos; si bien éstos últimos son múltiples el que llama la atención para el desarrollo de este ensayo es el uso de los drones; por ello surge la inquietud de si éstos son vistos como una medida de seguridad ciudadana o por el contrario es una medida que atenta contra la privacidad de los individuos.

Ante dicho planteamiento se tiene la perspectiva de las autoridades quienes aseguran que es una medida de seguridad que permitirá resguardar a la comunidad de hurtos y robos; pero, ¿existe un reglamento o marco jurídico que defina quién controla la información que se graba en estos dispositivos y que se hace con ella?; La respuesta a esta pregunta es no. Por lo tanto, se comienza planteando la necesidad de la creación de una ley que regule el uso de los drones en cuanto a donde se almacena la información; quién tiene acceso a ella y las medidas de protección que tienen para evitar que los hacker puedan interceptar la señal que estos emiten.

Además, es requerida una normativa que regule la altura máxima y mínima a la cual tendrán permitido sobrevolar para evitar accidentes que pongan en peligro el bienestar de las personas ante un posible accidente. Al respecto; si se observa el caso de Chile, los intentos del uso de drones por parte de la prensa no han tenido éxito y mucho menos aceptación de las personas ya que han ocurrido incidentes como en diversos conciertos donde los drones caen en el escenario como el caso de Lollapalooza en el 2018.

Al respecto José Luis Benitez, presidente de APES (asociación de periodistas del Salvador) indicó que en Alemania han sido radicales evitando el uso de los drones en su espacio aéreo;el motivo es simple, no están de acuerdo con la presencia de cámaras sobrevolando sus hogares sin su consentimiento; lo cual, para él violenta la privacidad de las personas.

Vale la pena destacar que, la dirección general de aviación no posee normativas específicas para su uso; considera que es ilegal volarlos sin autorización ya que pueden provocar incidentes que podrían involucrar pérdidas de vidas y bienes materiales.

Un caso muy cercano se encuentra en la región metropolitana donde en la comuna de las Condes; se emplean los drones para vigilancia pública, lo cual; desde mi perspectiva va en contra de la privacidad de los habitantes de la comuna ya que capturan imágenes aéreas de las personas en todas sus actividades habituales; por lo que si un hacker intercepta la señal puede hacerle seguimiento a una persona, cronometrar sus rutinas y planificar un asalto con menor probabilidad de fracaso; si los videos llegan a manos inescrupulosas podrían ubicar los autos que se encuentran en zonas propensas a robos y un sinfín de delitos que podrían planear teniendo acceso a videos e imágenes de los que caminan por las veredas y transitan por las calles.

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Uso de Drones en las Condes

El uso de cámaras de vigilancia aérea podría ser beneficioso para la comunidad; siempre y cuando existan normativas y reglamentos que garanticen la seguridad de los videos y no se violente la privacidad de los individuos que se encuentran expuestos a estas grabaciones.

Alguien se preguntará ¿qué sucede con las cámaras de vigilancia fijas en los hogares, organizaciones, semáforos y diversos sectores del país?; Pues éstos se encuentran autorizados y no se consideran una invasión a la privacidad; más bien son utilizados como elementos de prevención de delitos a cargo de instituciones y empresas que poseen sus normas establecidas.

Basamentos legales

Continuando con el tema que nos atañe en este ensayo, como es el caso de los drones existen algunas normativas internacionales que se deben destacar son:
– El Pacto Internacional de Deberes Civiles y Políticos (PIDCP), vigente en Chile desde el 29 de abril de 1989. Contempla derechos potencialmente afectados por la vigilancia estatal en las obligaciones de respeto a los derechos a la libertad y seguridad de la persona (artículo 9); privacidad (art. 17).
– El Pacto Internacional de Deberes Civiles y Políticos (CADH), vigente en Chile desde el 5 de enero de 1991; firmada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). Reconoce los derechos a la libertad y seguridad personal (art. 7), privacidad (art. 11).

Además, Chile posee normas en legislación interna. Ellos incluyen:
– La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que incluye reconocimiento fundacional de los derechos a la libertad y seguridad (art. 3) y a la privacidad (art. 12).
Cada una de las normativas mencionadas respaldan la afirmación que los individuos tienen derecho al respeto de su privacidad y su seguridad prive ante todo; por tanto, es inadecuado el uso de drones sin autorización, para debatir; algunos podrían alegar que producto de la modificación de la Ley N° 20.965 (Creación de los consejos y planes comunales de seguridad pública); a la ley N° 18.695 (orgánica constitucional de municipales); donde se reestructura la función en materia de seguridad otorgando potestad a las municipalidades para “…la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal; sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad”; la municipalidad de las Condes en pro de la seguridad de sus habitantes implemente estas medidas de seguridad; les indico que ninguna ley o normativa local está por encima de las leyes nacionales e internacionales que destacan que la privacidad de las personas es una prioridad.

A modo de conclusión, se puede decir que dados los argumentos que se presentan; la privacidad de las personas es una prioridad y no pueden ser vulneradas las garantías fundamentales por las normativas de las municipalidades o las comunas ya que si una persona siente que su privacidad es violentada; no se sentirá segura bajo ningún concepto por lo tanto; la recomendación es que si bien el uso de los drones es una medida de seguridad debe ser reformulada y revisada de tal forma que sólo sea permitido sobrevolar los espacios públicos como plazas, calles, veredas; todo ello en horarios rotativos para evitar captar las actividades rutinarias de algunas personas.

Finalmente, se debe destacar que existe una ley de transparencia indica que las grabaciones sólo pueden ser guardadas durante 30 días; siendo borradas el día 31; y además cualquier chileno puede solicitar el acceso a las filmaciones y exigir que eliminen todas aquellas donde encuentren su imagen; es un procedimiento largo y que requiere tiempo; por lo tanto el uso de los drones no es una medida que da garantía de seguridad a las personas más bien es una normativa que atenta contra su derecho a la privacidad.

FUENTE

https://www.lascondes.cl/seguridad/nosotros/monitoreo/drones.html





Oscar Rojas Carrasco