La Comisión Europea ha comunicado las directrices para crear una Estrategia para unificar el concepto de «daño medioambiental» para Europa, definido en el artículo 2 de la Directiva 2001/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

La Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental es una de las más importantes del derecho ambiental en toda la Unión Europea, basada en un sistema de protección de la naturaleza.

Pero pese a los esfuerzos establecidos en esta Directiva, la norma no ofrecía la protección más adecuada y eficaz «por la notable falta de uniformidad en la aplicación de conceptos clave, en particular los relacionados con el daño medioambiental».

Para solventar esta situación se elaboró el Reglamento (UE) 2019/1010 relativo a la «adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa al medio ambiente», donde se actualizó el artículo 18 de la mencionada Directiva.

La Comisión Europea se vio en la necesidad de desarrollar Directrices que buscan un concepto común de daño medioambiental, el cual minimizará las diferencias en la aplicación de la norma en los distintos Estados miembros y elevase así la protección otorgada a la naturaleza en el territorio de la Unión.

En este sentido, se pretende aclarar y unificar el concepto de daño medioambiental considerado por el carácter general y transversal de la norma de 2004, por ello es imprescindible incorporar los pormenores previstos en otras normas esenciales como la Directiva de aves, de hábitats, la marco del agua o la de protección del medio marino.

Las Directrices se basan principalmente en «la variedad de efectos adversos comprendidos en la definición de daño medioambiental», y esta variedad está intrínsecamente ligada a las múltiples «actividades profesionales y factores perjudiciales que pueden estar vinculados a los efectos adversos, implica que las autoridades competentes tendrán que recurrir a menudo a conocimientos especializados, como dictámenes de expertos, a fin de evaluar el carácter significativo de los efectos adversos».

A los efectos de la Directiva el daño sobre la responsabilidad medioambiental es definido como «el cambio adverso mensurable de un recurso natural o el perjuicio mensurable a un servicio de recursos naturales, tanto si se producen directa como indirectamente».

Esto supone que la Directiva no entiende el daño ambiental sin colocarlo como referencia a un recurso específico, lo que conlleva a que existan especificaciones para cada recurso complicando la aplicación de este concepto, por esta razón la Comisión parte del concepto de daño general.

Las consideraciones intentan ir de lo general a lo específico construyendo así las características esenciales y generales de ese daño medioambiental, donde se deben definir el alcance material de lo que se ve afectado, el concepto de efectos adversos y el alcance de estos efectos adversos.

Se debe de desarrollar documentos, guías y directrices que contribuyan a la aplicación del principio de prevención y al mejor entendimiento de la normativa ambiental, lo cual facilitará sin lugar a dudas su aplicabilidad.

Es necesario mejorar significativamente la Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental ya que resultará más eficaz, porque logrará prevenir los daños ambientales y, una vez ocasionados, aplicar efectivamente el principio de «quien contamina paga» y lograr la reparación de los daños ambientales.